Protección legal para personas vulnerables

Tomar la decisión de iniciar un procedimiento judicial para modificar la capacidad de obrar de un familiar es uno de los pasos más difíciles y dolorosos que puede afrontar una familia. Sin embargo, cuando enfermedades, hoy por desgracia tan frecuentes como el Alzheimer, la demencia senil o trastornos psiquiátricos severos impiden que una persona tome decisiones racionales, la intervención legal se convierte en la única herramienta eficaz para protegerla. Nuestro objetivo no es anular los derechos de la persona, sino crear un escudo jurídico a su alrededor que impida que pueda convertirse en víctima de situaciones abusivas o incluso delictivas que dilapiden su patrimonio, garantizando que sus necesidades básicas y cuidados médicos estén siempre cubiertos y sus derechos a salvo.

Nos encargamos de la tramitación judicial y acompañamiento constante a la familia durante todo el proceso judicial, aportando los informes médicos y periciales necesarios para demostrar la situación real del afectado ante el juez y el médico forense. Adaptamos nuestra estrategia a la actual legislación, que prioriza las medidas de apoyo como la curatela frente a la antigua incapacitación total, buscando siempre la solución que mejor respete la dignidad y la voluntad de la persona con discapacidad, pero asegurando la supervisión necesaria en aquellos aspectos económicos o personales que no pueda gestionar por sí sola.

Asesoramiento continuado a tutores y curadores

El nombramiento de un tutor o curador conlleva una serie de obligaciones legales y administrativas que pueden resultar abrumadoras para el familiar designado. La ley exige una transparencia absoluta en la administración de los bienes de la persona protegida, obligando a presentar inventarios iniciales y rendiciones de cuentas anuales ante el juzgado. Nosotros asesoramos a las familias en el cumplimiento de estos deberes para evitar responsabilidades legales derivadas de una mala gestión, asegurando la transparencia y justificación de las cuentas para su presentación ante la autoridad judicial.

Además de la gestión ordinaria, existen actos de especial trascendencia que requieren una autorización judicial previa, como puede ser la venta de un inmueble propiedad de la persona incapacitada para costear una residencia o cuidados médicos. En Bufete Trujillo tramitamos estos expedientes de jurisdicción voluntaria preparando la solicitud y justificando la necesidad y utilidad de la operación, para que el juez autorice la venta con todas las garantías. Estamos a tu lado para resolver cualquier duda legal que surja en el ejercicio del cargo, permitiéndote centrarte en el cuidado personal de tu familiar mientras nosotros nos ocupamos de la burocracia.